Inicia el Tratado de Altamar: Un acuerdo histórico para proteger nuestros océanos con gobernanza global y responsabilidad compartida

Durante décadas, la alta mar ha sido uno de los mayores vacíos de gobernanza del planeta: inmensa, profunda y, convenientemente, lejos de las miradas y responsabilidades directas de los Estados.

Allí donde todo parecía de todos, en la práctica no era de nadie. Hoy, ese paradigma empieza a cambiar. La entrada en vigor de un nuevo tratado internacional promete redefinir la forma en que la humanidad gestiona los océanos más allá de sus fronteras nacionales.

La promesa es ambiciosa; el reto, monumental. Celebremos este avance sin perder de vista sus límites.

Un acuerdo largamente esperado

Tras casi dos décadas de negociaciones, entra en vigor el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, el primer instrumento jurídicamente vinculante que establece reglas claras para la gestión de la alta mar y el lecho marino internacional.

No es un detalle menor: estas zonas representan más de dos tercios de la superficie oceánica y más del 90% del hábitat del planeta en términos de volumen. En otras palabras, la mayor parte de la vida en la Tierra vive —literalmente— fuera de la jurisdicción de cualquier país.

El tratado, impulsado en el marco de las Naciones Unidas, busca transformar ese espacio históricamente desregulado en un entorno gestionado de forma sostenible y, al menos en el papel, en beneficio de toda la humanidad. Una idea sencilla, casi obvia, que sorprendentemente ha tardado décadas en materializarse.

De la teoría jurídica a la realidad oceánica

La importancia del acuerdo no radica solo en su alcance geográfico, sino en su carácter vinculante. A partir de su entrada en vigor —120 días después de ser ratificado por al menos 60 países— los Estados firmantes están obligados a incorporarlo a su legislación nacional. Hoy, más de 80 países ya han dado ese paso.

El tratado se construye sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vigente desde 1994 y considerada la “constitución de los océanos”. Sin embargo, también reconoce sus limitaciones.

El nuevo texto llena vacíos históricos, introduce criterios modernos de gestión de la biodiversidad y alinea la gobernanza oceánica con desafíos contemporáneos como el cambio climático, la contaminación y los objetivos de la Agenda 2030.

En palabras del diplomático tanzano Mzee Ali Haji, uno de los negociadores clave, el mensaje es claro: ahora existe control sobre la actividad en la alta mar, y quien contamine será responsable de sus actos. Una afirmación que suena contundente. La pregunta inevitable es si será igualmente contundente su aplicación.

Gobernanza inclusiva: un avance necesario

Uno de los elementos más innovadores del acuerdo es su enfoque de gobernanza inclusiva. Por primera vez, un tratado oceánico incorpora disposiciones explícitas sobre la participación de pueblos indígenas y comunidades locales, así como sobre igualdad de género. No se trata solo de conservar ecosistemas, sino de reconocer que la relación con el océano también es social, cultural y económica.

Además, el acuerdo aspira a contribuir de forma directa a la llamada “triple crisis planetaria”: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Tres problemas interconectados que encuentran en los océanos tanto una víctima como una posible solución. La expectativa es alta; el margen de error, mínimo.

Quiénes están dentro… y quiénes observan desde la orilla

Entre los países que ya han ratificado el tratado destacan China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. La adhesión de China es especialmente relevante: solo en 2023 exportó alrededor de 155.000 millones de dólares en bienes relacionados con el océano, desde pesca y acuicultura hasta construcción naval y energía offshore. Su compromiso no es simbólico; es estructural.

Sin embargo, el mapa de adhesiones también revela ausencias significativas. Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia aún no han ratificado el acuerdo.

Estados Unidos, pese a haberlo adoptado en 2023, sigue esperando la acción del Senado. India y el Reino Unido avanzan con lentitud legislativa, mientras que Rusia mantiene su rechazo, apelando a la preservación de los marcos actuales y a la libertad de navegación.

¿Es esto un golpe al tratado? No necesariamente. Pero sí es un recordatorio incómodo de que la voluntad política global sigue siendo tan profunda —y desigual— como el océano que se intenta proteger.

Implementar: el verdadero campo de batalla

Como suele ocurrir en los grandes acuerdos internacionales, el verdadero desafío comienza después de la firma. La eficacia del tratado dependerá menos de los discursos y más de su implementación: monitoreo, cumplimiento y sanción a quienes incumplan.

El propio texto prevé una primera reunión de seguimiento a más tardar un año después de su entrada en vigor. Será allí donde se mida la distancia entre la ambición normativa y la realidad operativa. Porque regular la alta mar no es solo una cuestión legal; es una prueba de coherencia global.

¿Qué pensamos en #PlanetaB?

Vemos este tratado como un avance necesario, pero no como un punto de llegada. Es un paso firme en la dirección correcta, aunque aún camine sobre aguas políticas turbulentas.

Celebramos que, por fin, la alta mar deje de ser un territorio sin reglas claras, pero mantenemos una sana cautela frente a la brecha habitual entre el compromiso y la acción.

La protección de los océanos no puede depender únicamente de la buena voluntad de algunos ni de la paciencia del ecosistema. Requiere presión ciudadana, vigilancia internacional y una exigencia constante a los grandes actores económicos y políticos.

La pregunta ya no es si necesitamos este tratado. La pregunta es si estaremos dispuestos a hacerlo cumplir. Desde #PlanetaB, la invitación es clara: informarse, exigir y actuar. El océano no puede esperar otros veinte años.