Daños ambientales del Tren Maya: revelados… pero ocultos
- Planeta B
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Antes de resolver nada, empecemos por reconocer lo evidente: cuando una institución admite daños ambientales pero decide ocultar los detalles durante cinco años, no estamos frente a una narrativa técnica, sino a una coreografía política.
Una decisión que, curiosamente, busca “proteger” información que debería ser pública por definición.
Transparencia estratégica: cuando la verdad estorba
La Semarnat confirmó que el Tren Maya sí dejó huella… y no precisamente turística. Ocho cavernas y cenotes afectados entre Playa del Carmen y Tulum, presencia de concreto en estructuras subterráneas y un largo listado de condicionantes ambientales sin cumplir. Hasta ahí, una narrativa incómoda, pero clara.
El matiz aparece después: toda la información técnica que documenta estos daños —dictámenes, estudios, monitoreos, evaluaciones de agua, análisis sobre cavernas y acuíferos— fue clasificada como reservada por seguridad nacional durante cinco años. Sí, cinco. Una decisión que parece sugerir que el mayor riesgo del proyecto no es ambiental, sino reputacional.
La resolución 401/2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación, blindó el acceso a los documentos desde 2023, cuando el Tren Maya fue declarado infraestructura estratégica. Así, los datos podrán conocerse hasta 2028, salvo una improbable intervención del Comité de Transparencia.
Mientras tanto, solo queda lo que se dice pero no se muestra: Semarnat admite daños, asegura que supervisa remediaciones, promete cumplir el 95% de las condicionantes ambientales… aunque, paradójicamente, reconoce que no cuenta con estudios propios sobre la calidad del agua ni con dictámenes sobre afectaciones a cenotes, cavernas o acuíferos.
Todos los registros provienen de las MIA públicas, documentos generales que no reflejan la dimensión real del impacto subterráneo.
El vacío técnico que alimenta la duda
Si no existen estudios propios que acrediten el alcance del daño, ¿qué se está reservando exactamente? La pregunta no es sarcasmo, aunque podría serlo. Más bien revela un vacío profundo: para evaluar un problema se necesita información; para remediarlo, mucha más.
Organizaciones civiles advierten que los daños podrían ser mayores. La Misión Civil de Observación estima que hasta 125 cuevas y cenotes presentan riesgos graves de colapso por la instalación de miles de pilas de acero y concreto. Pero sin documentos oficiales, la conversación se queda suspendida entre alertas externas y un silencio institucional cuidadosamente administrado.
Lo que sí sabemos: la obra avanza, la remediación es opaca y el acceso a información ambiental crítica —en una de las regiones más frágiles del país— permanecerá blindado. Todo ello en nombre de la “seguridad nacional”.
Un concepto amplio, flexible… y muy útil cuando la transparencia se vuelve incómoda.
¿Qué pensamos en #PlanetaB?
Creemos que la transparencia ambiental no es un lujo: es una condición mínima para construir confianza pública. Clasificar información sobre daños ecológicos en una región kárstica tan delicada no protege al país; protege decisiones mal sustentadas.
Si la Semarnat confirma afectaciones pero no permite evaluar su magnitud, el mensaje es sencillo: la sociedad debe confiar… sin preguntar demasiado. Y eso nunca ha funcionado.
Por eso es necesario exigir claridad, acceso a datos y rendición de cuentas real. El Tren Maya puede seguir avanzando, pero la opacidad no debería hacerlo con él.
Informarse es el primer paso. Exigir es el segundo. Y recordarle a quienes gobiernan que el medio ambiente no es un expediente para archivar, sino un patrimonio que no admite reservas —ni de cinco años, ni de cinco minutos.
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