¿Cuál es el costo del deterioro ambiental en México?... billones de pesos

Cuando contaminar sale barato y reparar resulta opcional

México ya tiene cifras. Precisas, oficiales y difíciles de ignorar. También tiene diagnósticos, clasificaciones y métricas sofisticadas para medir el impacto ambiental.

Lo que aún no parece tener —o al menos no aplicar con la misma claridad— es una estrategia efectiva para que quien deteriora el entorno asuma el verdadero costo de hacerlo.

¿Cuánto cuesta realmente el daño ambiental en México, cuánto se invierte en prevenirlo y, sobre todo, qué nos dice esa brecha sobre el modelo de desarrollo que seguimos defendiendo.?

La factura ambiental: billonaria y sin destinatario claro

Durante 2024, México acumuló más de 1.38 billones de pesos en costos asociados a la degradación ambiental. En contraste, la inversión destinada a la protección del medio ambiente apenas alcanzó los 232 mil 882 millones de pesos.

Los datos provienen de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) elaboradas por el INEGI, una herramienta que, paradójicamente, evidencia tanto el avance técnico del país como su rezago estructural en materia ambiental.

La diferencia entre ambos montos no es menor: es una brecha que revela prioridades. Mientras el deterioro ecológico avanza a un ritmo acelerado, los recursos para contenerlo parecen administrarse con cautela presupuestal, como si el daño pudiera esperar o, mejor aún, como si no fuera urgente.

Aire, suelo y residuos: los focos rojos del deterioro

Los mayores costos ambientales registrados en 2024 se concentraron en las emisiones contaminantes al aire, seguidas por la degradación del suelo. En tercer lugar se ubicaron los residuos sólidos urbanos, y posteriormente las aguas residuales no tratadas.

No se trata de fenómenos aislados ni inesperados: son los mismos problemas estructurales que llevan años señalándose en diagnósticos, foros y discursos oficiales.

En cuanto a la pérdida de recursos naturales, el mayor impacto económico correspondió a los hidrocarburos, seguidos por los recursos forestales y el agua subterránea.

Tres activos estratégicos para el desarrollo nacional, explotados de forma constante y, en muchos casos, sin una reposición equivalente. El mensaje es claro: el crecimiento sigue dependiendo de un consumo intensivo del capital natural, aun cuando sus límites son cada vez más evidentes.

Inversión ambiental: ¿insuficiente o mal dirigida?

Del lado del gasto, la protección ambiental en 2024 se concentró principalmente en la protección del aire, el ambiente y el clima, rubro que absorbió 32.2% del total invertido.

La gestión de los recursos hídricos recibió 20.8%, seguida por el tratamiento de aguas residuales con 11%, y la gestión de residuos con 10.3%.

También se destinaron recursos a investigación y desarrollo ambiental (5.5%) y a la gestión de recursos minerales y energéticos (4.1%). El resto se canalizó a otros servicios de protección ambiental, gestión de recursos naturales y conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, incluso sumando todos estos esfuerzos, la inversión sigue siendo claramente insuficiente frente al tamaño del daño acumulado.

Aquí surge una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿el problema es únicamente de monto o también de enfoque? Invertir más es indispensable, pero invertir mejor es igual de urgente.

Crecimiento económico con deuda ambiental

Uno de los indicadores más reveladores del análisis del INEGI es el Producto Interno Neto Ecológico (PINE). En 2024, este alcanzó 25.7 billones de pesos, equivalente al 76.6% del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado.

El PINE descuenta del PIB tradicional el costo del daño ambiental y el agotamiento de los recursos naturales. En otras palabras, muestra cuánto del crecimiento económico es realmente “neto” y cuánto se construye a costa del entorno.

La diferencia entre ambos indicadores no es un detalle técnico: es la evidencia de que una parte relevante del crecimiento se financia con una deuda ambiental que alguien tendrá que pagar.

Y, hasta ahora, no parece que esa factura esté llegando a los responsables directos.

¿Qué pensamos en #PlanetaB?

La información está disponible, las cifras son contundentes y las consecuencias, cada vez más visibles. Seguir tratando el daño ambiental como un “costo colateral” del desarrollo ya no es una omisión técnica, sino una decisión política y económica. Una que, por cierto, resulta cada vez más cara.

Creemos que el verdadero debate no es si México puede darse el lujo de invertir más en protección ambiental, sino si puede permitirse seguir sin hacerlo.

Internalizar los costos ambientales, alinear incentivos y exigir responsabilidades no es una postura radical; es una condición mínima para un desarrollo que aspire a ser sostenible.

La invitación es clara: repensar el modelo, cuestionar las prioridades y exigir políticas públicas que reflejen el valor real del entorno. Porque cuando contaminar sale barato, el precio lo terminamos pagando todos.

Foto: El Universal