Minería Submarina en Baja California Sur: ¿Saqueo de Fosfato o Precedente Peligroso?

México enfrenta una batalla legal y ambiental contra la minera estadounidense Odyssey Marine Exploration, que busca explotar fosfato en el fondo marino del Pacífico. ¿Defensa de la soberanía o claudicación disfrazada?

Minería submarina: cuando la codicia internacional toca fondo

En un rincón remoto pero vital del Pacífico mexicano, se libra una batalla que pone en entredicho el equilibrio entre desarrollo económico, soberanía nacional y protección ambiental. Odyssey Marine Exploration, una empresa estadounidense experta en buscar tesoros perdidos, ahora quiere extraer fosfato del lecho marino frente a las costas de Baja California Sur.

¿El problema? México dijo que no. El resultado: un tribunal internacional lo condenó a pagar más de 37 millones de dólares.

Porque, claro, nada dice "justicia global" como castigar a un país por no querer destruir su biodiversidad.

El barco fantasma y la minería encubierta

Todo comenzó en 2012, cuando pescadores de Las Barrancas detectaron una embarcación “fuera de lugar”. No era atunera ni sardinera. Era el Dorado Discovery, enviado por Odyssey para estudiar el fondo marino.

Lo que parecía una expedición inocente pronto se reveló como la antesala de un plan para explotar fosfato a gran escala en una zona rica en tortugas, ballenas y recursos pesqueros.

Concesiones otorgadas en tiempo récord, permisos negados tras evidencias científicas, y una disputa jurídica cocinada a fuego lento: la receta perfecta para un escándalo con sabor a extractivismo foráneo.

Un fallo que huele a fósforo… y a injusticia

El CIADI, tribunal del Banco Mundial, falló a favor de Odyssey en septiembre de 2024. ¿El motivo? Supuesto “trato injusto” por parte del gobierno mexicano. ¿La multa? Más de 37 millones de dólares. ¿La cereza del pastel? El fallo se apoyó en testimonios de exempleados de SEMARNAT… pagados por la empresa demandante.

Philippe Sands, árbitro del caso y jurista de renombre internacional, calificó la decisión como “innovadora en el peor sentido”. Para él, el tribunal ignoró pruebas del posible desastre ecológico, priorizando supuestas arbitrariedades administrativas. Ya sabe: cuando el medio ambiente estorba a los negocios, se vuelve anecdótico.

Dragas, tortugas y una industria sin regulación

Odyssey planea succionar arenas fosfáticas del fondo marino, extraer el mineral y devolver el residuo por otro tubo. ¿Simple? Solo si ignoramos que en el proceso se liberan metales pesados como uranio, arsénico o níquel. Y no, nadie ha probado esta tecnología en ambientes similares sin consecuencias devastadoras.

Mientras tanto, la ONU y 37 países, incluyendo México, piden una moratoria global a la minería submarina. Pero Odyssey, como buena empresa visionaria, decidió adelantarse al consenso… y a la ciencia.

Ley minera, litigios y la puerta trasera de siempre

En 2023, México reformó su Ley de Minería para prohibir la minería submarina, pero la Suprema Corte ya concedió amparos contra esta reforma. ¿El resultado? Una legislación frágil frente a intereses bien financiados. Odyssey, por supuesto, sigue tocando la puerta.

Esta vez quiere una “asociación público-privada” con Pemex (porque eso siempre sale bien) y ya tiene aliados en el sector agroindustrial mexicano.

Y si no es por la buena, será por la mala. Odyssey ha denunciado líderes pesqueros y presionado mediante vías legales y mediáticas. El mensaje está claro: si no cavamos el fondo del mar, moriremos de hambre.

Reflexión final: ¿Soberanía o sumisión con cláusula arbitral?

El caso Don Diego expone el talón de Aquiles de los tratados internacionales de inversión: su capacidad para someter decisiones ambientales y soberanas al escrutinio de tribunales privados, que muchas veces operan con lógicas ajenas al interés público. Hoy fue el fosfato en el mar mexicano; mañana podría ser el agua, los bosques o el subsuelo. ¿Cuál es el límite? ¿Y quién lo pone?

Mientras tanto, la resistencia sigue viva. Comunidades costeras, académicos y activistas han demostrado que no basta con leyes si no se blindan con voluntad política y respaldo ciudadano. La pregunta no es si Odyssey volverá a intentarlo —porque lo hará—, sino si estaremos preparados para detenerlos otra vez.

Llamado a la acción:

La minería submarina no es solo un riesgo ecológico: es una amenaza a la soberanía, a la justicia ambiental y a la autodeterminación de los pueblos. Apoya a las comunidades costeras, exige transparencia en los tribunales internacionales y di no a las concesiones disfrazadas de inversión.

Defender el mar es defender el futuro. Y ese futuro no se negocia bajo el agua.